presentó un Proyecto de Ley, para fijar el derecho de exportación aplicable a las distintas variedades de carnes, a 0%.
Esta propuesta, “debe ser parte de una política ganadera de largo plazo que contemple el fomento de la inversión y las exportaciones como herramientas para aumentar la producción y con ello aumentar la oferta de carne para los diferentes mercados”, indicó el Diputado Nacional Ricardo Buryaile.
Para que la ganadería se recupere de esta grave situación debe darse un ámbito de previsibilidad, de inversión y de reglas de juego claras que le permitan a la cadena volver a invertir y seguir apostando a esta actividad.
Las continuas restricciones e intervenciones por parte del gobierno nacional y la manipulación que éste ha ejercido sobre el mercado de la carne en los últimos anos, como control de precios, de oferta y de las exportaciones, han generado una crisis en la industria frigorífica y cárnica sin precedentes, la cual había comenzado en 2010 con la fuerte disminución del stock ganadero de 10 millones de cabezas que hoy tiene su repercusión sobre la industria que se encuentra con una capacidad ociosa del 40%, con más de 120 plantas cerradas afectando el empleo de más de 10 mil trabajadores”, dijo en Diputado Nacional por Formosa, Ricardo Buryaile.
Luego, agregó que “estos continuos arbitrajes han destruido esta actividad y han puesto en decadencia la imagen de nuestro país como abastecedor confiable de un producto históricamente reconocido por su excelencia en todos los rincones del mundo y nos han hecho perder más de 40 mercados de exportación”.
Buryaile sostuvo que resulta contradictorio que nuestro país reclame ante la OMC por la apertura de mercados, como es el caso del mercado americano, pero al mismo tiempo restrinja cada vez más la oferta exportable.
El Poder Ejecutivo Nacional por medio del Decreto Nº 526 de fecha 13 de abril de 2012 implementó la rebaja del 15 al 5 por ciento de los derechos de exportación para los productos cárnicos termoprocesados por un año, con el fin de estimular la producción en la industria frigorífica, que se encuentra sumergida en una grave crisis. “Al dictar este decreto, la Presidente reconoció públicamente la gravedad de la situación de la industria cárnica. Sin embargo, el decreto mencionado, no sólo no resuelve la problemática, sino que resulta ilegítimo, ya que la potestad del PEN de fijar retenciones se ha extinguido, en 2010, cuando caducó la delegación de facultades legislativas en el poder administrador”, aseguró el Diputado Buryaile.Así, el mencionado decreto es inconstitucional, ya que la facultad para legislar en materia aduanera y establecer derechos de importación y exportación es de titularidad del Congreso de la Nación, por el decreto 75 Inc. 1 de la CN. “Debemos retomar el camino correcto. El Congreso de la Nación debe retomar su facultad constitucional de legislar en esta materia”, finalizó.
