"Señoras y señores,
Del 19 al 26 noviembre de 2012, llevé a cabo una misión oficial a El Salvador, en mi calidad de Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. El propósito de mi visita fue examinar, con espíritu de cooperación y de diálogo constructivo, los progresos realizados por El Salvador para garantizar la independencia de los jueces, magistrados, fiscales y abogados en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Al mismo tiempo, examinar los obstáculos encontrados para que los operadores del sistema judicial cumplan sus funciones de manera eficiente, eficaz, adecuada y apropiada.
Permítanme comenzar expresando mi agradecimiento al Gobierno de El Salvador por haberme invitada a visitar el país.
En particular, me gustaría extender mi agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, por facilitar un interesante y productivo programa de reuniones y visitas en San Salvador y Santa Ana.
También me gustaría dar las gracias a la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas por su apoyo en la organización de esta misión.
La apertura mostrada por el Gobierno antes y durante mi visita demuestra su compromiso y voluntad de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos en la solución de los problemas pendientes que enfrenta El Salvador en el ámbito de la administración de justicia.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que soy una experta independiente que reporta a, y aconseja, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.
Aunque nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, no estoy empleada por las Naciones Unidas y el cargo que ocupo es honorario.
Como experta independiente ejerzo mi análisis profesional e informo directamente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Durante mi visita, tuve el privilegio de reunirme con altos funcionarios del Gobierno, incluyendo el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Presidente y miembros de la Asamblea Legislativa, el Presidente y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso miembros de la Sala de lo Constitucional, magistrados y jueces de las diferentes instancias judiciales, el Auditor Fiscal y fiscales de la Fiscalía General de la República, la Procuradora General de la Procuraduría General de la República y sus funcionarios, y el Procurador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sus funcionarios, abogados, miembros de organizaciones de profesionales, y representantes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, académicos y organismos de las Naciones Unidas.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas e instituciones por su hospitalidad y por la información que me compartieron.
Con base en la información reunida durante mi visita, voy a preparar un informe con mis conclusiones y recomendaciones orientadas a reforzar la independencia y eficacia del sistema de la justicia en El Salvador.
El informe será presentado en el 23o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a realizarse en Ginebra en junio de 2013.
Hoy, me limitaré a hacer algunas observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunas de las cuestiones que, junto con otras, se estudiarán con más detalle en mi informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos.
En primer lugar, me gustaría felicitar a El Salvador por sus esfuerzos para pasar de un régimen militar a una democracia.
Los Acuerdos de Paz de 1992 sentaron las bases de la separación de poderes y la independencia del Órgano Judicial, que constituyen requisitos previos esenciales para el Estado de derecho.
La Constitución establece, en su artículo 172, que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Órgano judicial, y que los magistrados y jueces son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La independencia judicial, en todo momento, cumple un papel crucial en la defensa del Estado de derecho, en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Su implementación requiere de la creación de un entorno propicio para la toma de decisiones independientes, imparciales y justas que permita a los magistrados y jueces decidir sobre asuntos que conocen con imparcialidad, basándose en los hechos y en conformidad con la ley, sin restricción alguna y sin influencias, interferencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
En particular, el Órgano judicial funciona como un poder de control esencial sobre los otros poderes del Estado.
Por lo tanto, es de suma importancia que el sistema judicial esté libre de presión política o cualquier otra forma de presión.
En El Salvador, siguen existiendo, serias interferencias de otras ramas de los poderes públicos, tal como se demostró en la reciente crisis institucional entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
Estas amenazas a la independencia institucional del Órgano judicial deberían ser evaluadas y tratadas con carácter de urgencia.
La tensión entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, que culminó con la sentencia de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema y sus suplentes efectuados por la Asamblea Legislativa en 2006 y 2012, socavó gravemente la independencia del Órgano judicial y el principio de separación de poderes.
Uno de los hechos más preocupantes que se produjeron durante la crisis institucional fue la decisión sin precedentes de la Asamblea Legislativa de presentar una demanda en contra de la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia.
Esta decisión, además de ser cuestionable desde un punto de vista jurídico, demostró una profunda falta de respeto a la autoridad de la Sala de lo Constitucional, que es la más alta autoridad judicial de El Salvador para la interpretación de la Constitución.
En este sentido, me gustaría recordar que las normas internacionales de derechos humanos exigen que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respeten la independencia del Órgano judicial.
Las interferencias en el proceso judicial son inadmisibles, y las sentencias no están sujetas a revisión externa.
Permítanme insistir en este punto: las decisiones de las autoridades judiciales no pueden ni deben ser interpretadas por otros órganos del Estado, sino que sólo tienen que ser respetadas y cumplidas.
He recibido información sobre los diferentes atentados contra la Sala de lo Constitucional, entre ellos los esfuerzos para desacatar sus decisiones a través de denuncias argumentando que la Sala excede su mandato; la negativa de la Asamblea a recibir la notificación de las sentencias de la Corte; la no publicación de las sentencias en el Diario Oficial; intimidaciones e intentos de remover a los magistrados de la Sala; y la creación de comisiones especiales de la Asamblea Legislativa para evaluar la constitucionalidad de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Todos estos actos constituyen, en mi punto de vista, ejemplos concretos de atentados a la independencia del Órgano judicial.
Esta crisis demuestra que el actual proceso de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no ofrece garantías suficientes para asegurar que son seleccionados sobre la base de criterios objetivos y equitativos.
La Asamblea Legislativa debe establecer un proceso de selección más riguroso, y transparente, basado en los méritos de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema.
Sólo a través de ese proceso se podrá fortalecer el Órgano judicial y el Estado de derecho en El Salvador.
Con el fin de garantizar la independencia del Órgano judicial, el nombramiento de magistrados y jueces debe seguir criterios objetivos claramente definidos y establecidos en las normas y el procedimiento de nombramiento.
Se requiere que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas independientes, íntegras e idóneas y con capacitación y calificaciones adecuadas para el cargo.
La falta de transparencia y escrutinio público durante el proceso de selección continúa favoreciendo la presión y las interferencias de los partidos políticos y grupos económicos en la selección de magistrados, lo que dificulta la independencia institucional del poder judicial.
Deben desarrollarse métodos apropiados para la selección y nombramiento de los magistrados para evitar cualquier riesgo de que sean nombrados por motivos indebidos.
Consideraciones similares pueden hacerse con respecto a la selección y el nombramiento de los otros actores claves para la administración de justicia en El Salvador, como son los magistrados y jueces de tribunales y juzgados de instancias inferiores, el Fiscal General de la República y los Concejales del Consejo Nacional de la Judicatura.
El Consejo Nacional de la Judicatura, que de acuerdo con la Constitución (artículo 187) es una institución independiente, actualmente prepara la lista de candidatos para magistrados y jueces de los tribunales de instancias inferiores.
Considero, no obstante, que la composición del Consejo, que incluye un solo representante del poder judicial entre sus siete Concejales, es inadecuada para permitir que esta institución represente y defienda eficazmente los intereses de los miembros del poder judicial.
Su independencia debe ser fortalecida. Recomiendo la revisión de la composición de esta institución, a fin de asegurar que la mayoría de los miembros sean magistrados y jueces.
También considero que algunas de las competencias administrativas ejercidas actualmente por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo competencias relacionadas al Instituto de Medicina Legal, al traslado de reos y a procedimientos disciplinarios, deben ser revisadas y transferidas a otras instituciones.
Estoy muy preocupada por la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para nombrar al nuevo Fiscal General de la República.
El Fiscal General tiene un papel crucial a desempeñar en la garantía de la legalidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Me preocupa seriamente que la situación actual provoque una nueva crisis institucional.
El nuevo Fiscal General debe ser nombrado únicamente sobre la base de su integridad, independencia, competencia y capacidad, mediante un proceso abierto y transparente.
Quisiera también abordar la situación especialmente difícil que enfrentan los servicios de la fiscalía.
La falta de suficientes recursos humanos y financieros de la Fiscalía General afecta negativamente la capacidad de los fiscales para iniciar el proceso de investigación.
Esto se traduce en una tasa de condenas extremadamente baja, y contribuye a aumentar el sentimiento general de impunidad en la sociedad.
Con el fin de mejorar la calidad de los servicios de la fiscalía, debería asignársele a la Fiscalía General recursos financieros adicionales para mejorar las condiciones de servicio de los fiscales y su formación legal y profesional.
Las cuestiones relacionadas con los procedimientos de suministro de pruebas, especialmente en los casos penales, y la necesidad de mejorar la calidad de las investigaciones realizadas por la policía también tienen un impacto en la lucha contra la impunidad.
Aunque estoy consciente de que una evaluación directa del funcionamiento de la policía se encuentra fuera de la prerrogativa de mi mandato, quisiera subrayar que, cuando los servicios de investigación no funcionan adecuadamente, eso tiene un impacto directo y negativo sobre la capacidad de los servicios de la fiscalía para seguir adelante con los casos y, en consecuencia, afecta la administración de justicia.
Deseo subrayar la importancia de contar con una formación jurídica y profesional de calidad, incluida la formación continua, para todos los actores del sistema judicial. Soy consciente de que en El Salvador existen cursos de formación profesional para impartir formación inicial y continua para jueces, fiscales y abogados. La capacitación debe ser disponible y accesible a todos los magistrados, jueces, fiscales y abogados, sin importar el nivel en el que operan, y deben incluir módulos específicos sobre el derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación en el plano nacional.
Sin embargo, parece que las instituciones de capacitación existentes no disponen de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para ofrecer posibilidades de formación adecuadas a las personas involucradas en la administración de justicia. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para alentar a las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, la comunidad de donantes y las organizaciones de la sociedad civil para brindar cooperación técnica y asistencia financiera a las instituciones nacionales de capacitación en el desarrollo de currículos de educación y formación profesional de calidad.
Permítanme decir algunas palabras sobre el papel de la sociedad civil en la promoción de un sistema transparente, equitativo, accesible, sólido e independiente de administración de justicia.
La crisis institucional entre el poder judicial y el poder legislativo ofrece la oportunidad para que se exija que las instituciones sean más abiertas y transparentes. Un poder judicial imparcial e independiente sirve como un control esencial sobre los otros poderes del Estado, y juega un papel importante para garantizar que la ley se aplique por igual a todos. Me gustaría incentivar al pueblo de El Salvador a participar en el proceso de la reforma judicial para contribuir a la construcción de un sistema de administración de justicia más fuerte y más independiente con jueces y magistrados independientes.
Para concluir, permítaseme ofrecer algunas recomendaciones preliminares sobre la manera de fortalecer la independencia del poder judicial en El Salvador.
Insto a todas las instituciones del Estado a respetar y cumplir con las sentencias de los tribunales nacionales, incluyendo las sentencias de la máxima autoridad legal para la interpretación de la Constitución, la Sala de lo Constitucional.
Atentados a la Sala de lo Constitucional y a sus miembros y la negativa a acatar las sentencias de la Corte deben cesar. Como he mencionado antes, las sentencias de las autoridades judiciales no pueden ni deben ser interpretadas por otros órganos del Estado, sino que deben ser cumplidas.
En cuanto a la selección y nombramiento de magistrados y jueces, incluyendo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recomiendo que la Asamblea Legislativa considere revisar el procedimiento previsto en la Constitución, a fin de garantizar que magistrados y jueces sean nombrados exclusivamente en base a sus calificaciones, y no por su proximidad real o presunta a los partidos políticos.
Hago un llamamiento a las distintas fuerzas políticas en el seno de la Asamblea Legislativa a llegar a un acuerdo sobre los requisitos básicos para la elección del Fiscal General y a nombrar al nuevo Fiscal General teniendo en cuenta únicamente su independencia, integridad, competencia y capacidad profesional para el desempeño del cargo.
Como en el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema, es de importancia crucial asegurar que el proceso de selección del nuevo Fiscal General sea abierto y transparente.
Por último, quiero subrayar que es deber de todas las instituciones gubernamentales y de cualquier otra índole respetar y observar la independencia del poder judicial.
Ha llegado el momento de despolitizar todo el sistema de administración de justicia, a fin de garantizar que los magistrados y jueces tengan la posibilidad de decidir sobre los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en conformidad con la ley, sin restricción alguna y sin influencias, interferencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidos, sean directos o indirectos, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
Gracias por su atención.
