Juan Jose Rosso

Y PEGUELE FUERTE

 A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

por Jorge R. Enríquez (*)

Los memoriosos recordarán la conocida frase que inspira el titulo de esta nota. 

"Y Péguele Fuerte, déle con todo" era el título de un jingle publicitario de los años setenta que, haciendo un juego de palabras con las iniciales de YPF, estaba destinado a la promoción de la compañía petrolera. 

Los tiempos cambiaron y ahora aquel "Y Péguele Fuerte, déle con todo" mutó sin ruborizarse al "Y Péguele Fuerte, vamos por todo" y como al pasar, le pegamos, también, a la seguridad jurídica.
Es que, finalmente, el borrador de proyecto de ley que había circulado la semana pasada era cierto: la Sra. de Kirchner anunció por cadena nacional, en un extenso "Aló Presidenta", la estatización de YPF.
La presidente se preocupó por distinguir: según ella, no es una estatización porque la compañía seguirá siendo una sociedad anónima. 
¿Piensa lo que dice o quiere tomarnos el pelo?
Poco importa la forma societaria si la propiedad de una empresa es total o mayoritariamente del Estado: es una empresa estatal.
Claro esta que esto encierra una de las tantas trampas que contiene el proyecto legislativo, porque las empresas estatales propiamente dichas están sujetas a controles del Estado muchísimos más rigurosos que las sociedades anónimas, aún cuando éstas tengan mayoría estatal.
Cristina Kirchner y su marido fueron los más entusiastas propulsores de la privatización de YPF durante el gobierno de Menem. Claro, ¿cómo no iban a apoyar esa ley si a cambio se les pagaron las jugosas regalías que desde entonces son los llamados "fondos de Santa Cruz", de misteriosa travesía por paraísos fiscales de diversos lugares del mundo, y de los que jamás rindió cuenta el difunto Eternauta?
Después, ya con ellos en el gobierno nacional, los Kirchner impulsaron la "argentinización" de una parte de YPF, es decir, la kirchnerización, porque se le vendieron las acciones a un amigo o socio de Kirchner, Enrique Eskenazy, que no puso un peso para adquirirlas, ya que las fue pagando con las utilidades de la empresa y que, ahora, sugestivamente ha salido indemne de esta expropiación. Su paquete accionario del 25 % esta intacto. Así funciona el capitalismo de amigos.
Y ahora llega la ¿última? estocada, con esta estatización improvisada, que ya el gobierno español calificó de hostil, y que por la forma prepotente de ser realizada y por el casi seguro intento de no pagar por ella lo que corresponde, no hará otra cosa que reforzar el aislamiento de la Argentina y ahuyentar aún más a los inversores.

El populismo festeja, pero no hay nada que festejar.
 De lo que se trata es de extraer el petróleo y el gas, distribuirlo y venderlo a precios accesibles, con una oferta abundante y sostenible. 
Y todo indica que ese objetivo está hoy más lejos que nunca de alcanzarse.

Es patético que se hable con tono épico de la "soberanía hidrocarburífera" cuando fue por responsabilidad exclusiva de los Kirchner que el autoabastecimiento petrolero que la Argentina había alcanzado se despilfarró en estos años.

Es curioso que en medio de esta euforia chauvinista no se señale que la errática política energética de los señores de El Calafate es la que nos condujo a la crisis que nos agobia en este segmento económico, obligándonos desde 2004 a importar combustibles por 14000 millones de dólares anuales.

Ellos privatizan, ellos estatizan, y siempre los villanos son los otros.

Cada país decide si sus empresas petroleras son estatales, privadas o mixtas si hay una sola ("de bandera", podríamos decir) o se admiten varias.

Pero lo importante no es la propiedad de esas empresas, sino la política energética. 
Para decirlo en términos de Deng Xiao Pin, el lider que terminó con el maoísmo en la economía china y la abrió a formas capitalistas, no importa si el gato es blanco o negro sino si caza ratones.

Y en la Argentina, YPF no caza ratones, es decir, no extrae todo el petróleo ni el gas que necesitamos.

Pero no se trata sólo de YPF, que no participa más que en un tercio de la actividad del sector, sino de un problema general, porque a las demás empresas les pasa lo mismo.

Entonces, hay que preguntarse por qué perdimos con los Kirchner el autoabastecimiento. 


La respuesta es que ello ocurrió por pésimas políticas que, sobre, por precios artificialmente bajos no alentaron esas inversiones.

Si además hubo vaciamiento, si hubo prácticas corruptas por parte de Repsol, es algo que deberá determinar la justicia, y si lo determina los principales responsables serán los Kirchner. 
Y aquí se nos plantean algunos interrogantes:
Porqué si Repsol y los Eskenazi vaciaron la empresa, se expropia solo el paquete accionario del primero?


Porqué si como lo denunció Kiciloff la compañía española se quedó con 9.000 millones de dólares que no le correspondían mientras desaprensivos funcionarios aprobaban sin chistar los balances de la empresa?

Porqué tal latrocinio no fue denunciado por la Presidente en su hora?

Sucede que en la Argentina la voluntad del gobernante está por sobre el imperio de la ley, a la cual se somete únicamente cuando el oportunismo político se lo aconseja.

Así, también, sucedió, en este caso. 
Huérfano de atribuciones para intervenir intempestivamente la empresa y carente de toda decisión judicial que, ante tal falencia, lo habilitara, el gobierno apeló a sancionar un decreto de necesidad y urgencia, inaplicable jurídicamente en el caso, a la par que enviaba un proyecto de ley de expropiación sin indemnización alguna, en clara violación a la Constitución Nacional.

Mientras ello ocurría viabilizaba “de facto" y a los empellones la intervención de la empresa, curiosamente aplicando una norma sancionada durante la última dictadura militar.

Hacia adelante se requieren reglas claras, seguridad jurídica, confiabilidad, marcos regulatorios previsibles, posibilidad de realizar actividades lucrativas. En fin, todo lo que es fácil suponer que no habrá, si nos atenemos a las palabras de Kiciloff quien calificó de "concepto horrible" el término "seguridad jurídica", al cual, seguramente, los jóvenes "camporistas" ven como un “prejuicio burgués”.

YPF ya es nuestra, para felicidad de un nacionalismo barato que hoy aplaude entusiasmado la medida. 


Y será, también, nuestro por muchos años el desabastecimiento.

(*) El autor es abogado y periodista

Viernes 20 de abril de 2012

Dr. Jorge R. Enríquez

jrenriquez2000@gmail.com

twitter: @enriquezjorge 

No me parece.

"No me parece ..."‏

El vaciamiento intelectual 

de un país.

Posted: 29 Apr 2012.

 09:34 AM PDT.

La palabra más usada en de estatización de YPF es “vaciamiento”. 
Recurrieron a ella desde el neo-genio oficial Kicillof, hasta Elisa Carrió, desde Claudio Lozano a Gerardo Morales, la propia presidente de la nación y todo el periodismo bien pensante. 
En la calle la idea se impuso, por eso algunos apaciguadores empiezan por decir que “no se puede defender a Repsol”. 
En una república todo el mundo tiene defensa y no por ser puro. 
El mundo de la pureza es el de los Ayatolas.
Según el mito retirar ganancias de una empresa es sinónimo de vaciamiento porque se asume también que invertir es una obligación que los empresarios tienen con la sociedad. 
No es el vaciamiento del Código Penal que es una forma de defraudación cometida por el empresario fallido contra sus acreedores para retirar bienes mediante distintas maniobras tornando para ellos ilusoria la posibilidad de cobrar. El vaciamiento es un delito contra la propiedad, no contra el Estado y sus supuestos altos fines, no contra la colectividad, la sociedad ni la bandera.
Lo que se le imputa a Repsol no tiene nada que ver con ese delito, sino con la expectativa nacionalista de que produzca más a pesar del que el precio regulado le indica que no lo debe hacer sino fuera del país donde se le paga mejor por el producto.
Se sabe que no es un negocio que deba quebrar el del petróleo si no interviene el gobierno. 
Esa denuncia de “vaciamiento” no se puede hacer en un tribunal regular, sino ante el club de los buenos socialistas, explicando que los empresarios son malos y trabajan para ellos y no para la gloria patriótica. 
Delito sería que hicieran eso, en lugar de pensar en sus accionistas. 
Y sería un delito de acción pública por el daño al derecho de propiedad y por lo tanto al sistema institucional y la confianza de futuros inversores.
Lo que ha hecho Repsol es retirar ganancias de YPF como una forma de desinvertir en el negocio siguiendo los incentivos que el gobierno impuso al regular los precios. 
Y si algún delito o incumplimiento contractual hubiera ocurrido la expropiación no está contemplada como castigo.
Al contrario de lo que sostiene el pensamiento salvaje nacional, nunca nos puede convenir que los accionistas se sientan que quedan atrapados y a merced de las necesidades políticas, porque como hoy no se acaba el mundo vamos a volver a necesitarlos. 
Por la misma razón que nos conviene que nuestros clientes se vayan contentos de nuestra oficina y no nos consideramos unos vivos bárbaros por sacarles la billetera a la salida.
La obcecación nacionalista amerita una caza de brujas pero no termina con la brujería. 
Lo que es una consecuencia de la política intervencionista se toma de un día para el otro como una ofensa a la nación. 
La brujería es convertir un precio en algo que no es. 
Precio es la tasa a la cual una transacción ocurre sin violencia, contando con la voluntad de ambas partes. 
El precio nos permite saber que la actividad se realiza sin sacrificar a nadie y que los que pagan o reciben consideran los costos y los beneficios que e conocen mejor que nadie. 
Gratis por decreto implica en cambio, como nada es gratis de verdad, que unos no pagan y otro es puesto arriba de la parrilla para que los demás se sirvan. 
La gratuidad si no se natural, por ejemplo la del aire, si requiere esfuerzo humano, implica violencia.
Que encima el señor Kicillof no entienda nada del negocio es un agregado, en nada mejoraría la situación de un robo de un auto que el ladrón fuera un buen conductor si de verdad se entiende el problema moral, jurídico, político y social de la propiedad y sus consecuencias sobre las libertades personales.
Oriana Fallaci dijo alguna vez que todo argentino tenía un enano fascista adentro. 
No se con qué medía esa señora porque el fascista de enano no tiene nada.
 El común de los argentinos se identifica como estatista. No hay político que no lo sea en la actualidad. 
Estatista parece ser dar una pátina de compromiso con “todos nosotros”. 
El estatismo conmueve el corazón de María Eugenia Estenssoro, senadora que en otros temas ha tenido un desempeño impecable. 
En el mejor de los casos se ha visto a algunos sostener que “no importa que una empresa sea estatal o privada”

Perdón por aguarles el heroísmo de jardín de infantes, pero estatismo es nada menos que autoritarismo.

El enano de Fallaci, el gigante de la Argentina del siglo XXI. 


La única diferencia entre un Kicillof en el llano y un Kicillof en el estado es la autoridad, la capacidad de imponer sus decisiones. 


El Estado no convence, vence. 


El empresario privado (de poder) debe seducir, por supuesto con lo que tiene a su favor. 


El Estado ordena. 


Decir que es lo mismo que una empresa sea estatal o privada es lo mismo que decir que da igual que se produzca de modo voluntario o a los garrotazos.

El argentino ni siquiera es estatista porque haya estudiado con los libros de Kicillof.


Lo es porque le gusta que un comisario ponga a raya a todos los atrevidos exitosos. 


Quiere que en un punto se acabe la discusión y se imponga una solución.


Paga un alto precio por ese pensamiento, crea un ambiente de malandras y coimeros. 


Estos últimos porque descubren la oportunidad de parar a la autoridad con un “precio” pagado al funcionario como una forma de no tener que matarlo para defenderse. 


Y el argentino confirmará en este acto sus creencias de la maldad empresaria.

Con el mismo espíritu que esperaba antes los golpes de estado, la Argentina ha desatado su fiebre de golpes de derechos. 
Que alguien venga y les pegue a los que se están portando mal. 
Las palabras se acomodarán para que la salvajada se parezca a una ética, a una doctrina política de la defensa nacional.

Claro que el autoritarismo es ignorancia, pero no de las lecciones del colegio, sino de los beneficios del proceso civilizador, que es el del respeto. 
Cualquiera aprende fácil el valor de lo propio. 
Hasta los ladrones actúan para apropiarse. 
La civilización consiste en entender el valor de lo ajeno. No el valor para la humanidad ni el universo ni el más allá. 
El valor para uno. 
Los inmigrantes ilegales llegan a los Estados Unidos donde no tienen nada a beneficiarse de que allí todos tienen mucho y algunos mucho más. 
Se deshacen de sus propiedades para adquirir los beneficios del derecho de propiedad como sistema. 
El que no teme el garrote piensa, ahorra y ofrece.

Decir que la cuestión de la caída de la producción ha sido el “vaciamiento de YPF” es como que el iceberg le impute a los pasajeros del Titanic el naufragio por haberse subido a los botes. 
Y nuestros curanderos eliminando botes para reducir daños.

La acción del gobierno que convalidará el Congreso fue un simple asalto a la empresa. 


No es una expropiación porque no ha mediado indemnización previa. 


El vaciamiento como delito es el que cometerán los funcionarios llevando la empresa al desastre y utilizando sus recursos para fines políticos.
Pero no es el único motivo por el que esta acción no tiene cabida según la Constitución. 
El artículo 20 de la constitución aclara que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los nacionales. 
Usar la bandera para expropiar también sería inconstitucional. 
Por último la “utilidad pública” de la que habla el artículo 17 no es tampoco una utilidad nacionalista porque en lo normativo al menos en la Argentina rige la libertad de comercio e industria. 


Esa utilidad púbica es calificada, no se trata de un simple “nos viene bien para nuestros fines políticos de acuerdo a determinadas ideas”. 


Es una utilidad pública entendida dentro de los valores constitucionales, que no son los de ninguno de los personajes nombrados más arriba.