Carta de Ricardo López Murphy

a

Cristina Fernández de Kirchner:

Sra. Presidente de la Nación Argentina

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Su despacho 

Me dirijo a Ud, con motivo de expresarle mi extrema 

preocupación por la sanción del Decreto de Necesidad 

y Urgencia 441/2011, que tiene por objeto incorporar en 

los directorios de las empresas privadas en las que la 

ANSeS posee acciones, representantes interventores 

designados por el gobierno.

Tengo para mí, en un principio, que tal decisión no 

reviste el carácter de necesidad y urgencia que se le 

atribuye, ya que bien podría aprovecharse la oportunidad 

de escuchar todas las voces de los representantes del 

Congreso, dentro de las atribuciones constitucionales fijadas, 

en pleno período legislativo.  

Pero más allá de toda otra consideración, me preocupa Sra. 

Presidente, fundamentalmente que Estado Nacional siga sin 

tener en cuenta que existe una deuda de esta sociedad para 

con nuestras personas mayores. 

A la fecha, en Argentina, hay entre 450.000 y 500.000 

pensionados y jubilados que tienen juicio contra la ANSeS, 

requiriendo la debida actualización de sus haberes jubilatorios. 

Estos jubilados tienen en su mayoría sentencia firme en sus  

reclamos, y hasta la Corte Suprema de Justicia ha reclamado el 

pago de dichas deudas, como consecuencia de sus sentencias. 

No escapa a nuestra preocupación que la mayoría de ellos tiene 

más de 80 años, es decir, que estas personas no pueden esperar.

Por ello Sra. Presidente, es que no acompaño su decisión política 

de nombrar representantes del Gobierno en esas empresas privadas, 

con sueldos elevadísimos, en vez de proponer con el respaldo 

seguro del resto de la dirigencia política, una solución inmediata 

para nuestros jubilados. 

En tal caso, cumpliendo con la más republicana de las obligaciones 

que es aportar ideas desde el lugar de las fuerzas de la oposición, 

es que le propongo que se estudie la venta de esas acciones privadas, 

y con lo percibido proceder al inmediato pago en efectivo de los 

jubilados y pensionados con sentencia en juicio. 

El maltrato a nuestro abuelos, a los más vulnerables y a los más 

postergados, hace que este decreto, mas allá de violación fragrante 

de nuestro orden institucional, sea una ofensa a quienes a lo largo de 

su vida contribuyeron y trabajaron por una Argentina mas equitativa 

y solidaria.

Aprovecho la oportunidad para saludarla cordialmente. 

Con respeto.

Ricardo López Murphy.