lunes, 11 de marzo de 2013

2013


Nota de Opinión: MIRTA PETROCINI.


EL CURIOSO
EJERCICIO DE
JUSTIFICAR
UN DERECHO


Colaboración.
Juan Carlo Amatucci.

En las últimas semanas, dejando de lado palabras como “paro” y “rechazo”, la frase que más escuché fue: “¿Por qué los chicos sin clases?”.

Este “por qué” se nos requiere a los docentes acerca de la falta de clases, los paros y las manifestaciones en las calles. Es un “por qué” para que el sector justifique sus acciones, su lucha, sus medidas de fuerza. O, para decirlo de un modo más preciso, para que justifique la defensa de sus derechos.

Justificar es, según la Real Academia Española, “probar con razones convincentes lo justo”. 
A nadie puede escapar la justicia que hay en la defensa de la Educación Pública, de los derechos de los docentes, en la lucha por construir un futuro de equidad e igualdad de posibilidades.               Sin embargo, nos siguen pidiendo explicaciones sobre las medidas, por nuestro reclamo y nuestro accionar.

Muy por el contrario, no he notado que se le pidan demasiadas explicaciones al Gobierno, cuando dilata los tiempos de negociación, cuando con la práctica contradice su discurso de Educación de calidad, cuando lleva al inicio de clases un conflicto que se podría haber evitado con decisión y firmeza política, cuando no se prevé presupuesto para la discusión salarial docente. 
No sólo debemos dar explicaciones sobre lo justo, sino que también debemos explicar (y vivir) las injusticias.

Cualquier incremento salarial obtenido luego de semanas y semanas de lucha, es absorvido sistemáticamente por el Estado a través de un impuesto perverso. 
                       Para ser claro: al posible incremento lo terminamos financiando los propios docentes.

La NO universalización de las Asignaciones Familiares es otro punto alto para explicar las injusticias. 
                 Los docentes cada vez cobran cifras menores por este beneficio y, sin su debida adecuación, termina habiendo hijos “de primera” y “de segunda”.            Cientos y cientos de docentes que no cobran sus haberes (algunos desde marzo de 2012) son motivo más que suficiente para impulsar cualquier tipo de protesta. Sin embargo, ahí estamos nosotros, saliendo a justificar el por qué de las medidas. 
            Nadie por fuera del sector gremial docente se pregunta por qué hubo chicos que perdieron y aún pierden, más de 30 días de clases porque el Gobierno no le pagó a los transportistas escolares.
              Nadie parece interesarse en que el Estado justifique por qué, día a día, hay chicos que no pueden recibir su único plato de comida en la escuela, por falta de presupuesto para el pago a proveedores.
              Si no se hubieran realizado paros al inicio del ciclo lectivo, igualmente muchas escuelas tampoco hubieran podido comenzar las clases porque no estaban terminadas o porque las refacciones que debían realizarse para no poner en peligro la integridad física de docentes, alumnos y comunidad educativa, no se realizaron por falta de presupuesto.
             Comparto dos situaciones que sirven para graficar aquello que el Estado no puede justificar. Hace unos días, un grupo de docentes, cansados de promesas de refacciones inconclusas en su escuela y pensando en sus alumnos, compraron tela para cubrir toda una pared deteriorada por la humedad, como para crear un ambiente algo más atractivo y cálido para los chicos.
               El segundo caso es más preocupante. Debido a una inadecuada instalación de la calefacción de un salón (lo cual desnuda la falta de mantenimiento y de control), una alumna se quemó con la estufa. Ahora, la directora del establecimiento está procesada judicialmente.
              Sin intención de hacer una enumeración exhaustiva, quiero recordar algunos hechos por los cuales tampoco se le piden explicaciones al EstaLuego de una vida de trabajo, un docente debe percibir sus haberes como jubilado, pero los trámites tardan hasta 4 años en efectivizarse.
La Retribución Especial (Premio). Derecho Estatutario que se percibe con años y meses de retraso.La Secretarías de Asuntos Docentes y los Tribunales de Clasificación no tienen recursos para funcionar. Por estos lugares pasa nuestra vida laboral.
Agregando a las peregrinaciones constantes por IOMA para obtener prestaciones que deberían estar garantizadas: nuestra salud.
                  La Constitución y La Ley Nacional de Educación establecen claramente que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
                Más adelante, la Ley explicita que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado”. Finalmente, la normativa indica que los diferentes Gobiernos “tiene la responsabilidad principal e indelegable” de proveer Educación de calidad en forma permanente a todos.
                En este contexto… ¿quién debería salir a dar explicaciones sobre obligaciones que, a todas luces, no son cumplidas? ¿Quién debería salir a justificar por qué las clases no comienzan en tiempo y forma? ¿Quién debería salir a justificar que la única herramienta que han encontrado para tratar la situación docente es el destrato y la desconsideración?
               Rara época ésta en la que los trabajadores tenemos que dar explicaciones sobre la justa defensa de nuestros derechos.
                Las autoridades son las únicas que tienen que justificar y explicar porque han esperado hasta que empiecen las clases para hablar de salarios, porque han esperado que empiecen las clases sin reparar las escuelas, porque han esperado que empiecen las clases y no han realizado las obras de infraestructura, porque han esperado que empiecen las clases para enfrentarnos injustamente con la comunidad educativa.
              Esta lucha no es personal ni sectorizada, sino que es la lucha de toda la comunidad, para defender la ESCUELA PUBLICA, LA ESCUELA PÚBLICA ARGENTINA, que tantas satisfacciones ha dado, NUESTRA ESCUELA PÚBLICA, la de nuestros padres y abuelos, la que fuera tantas veces valorada.
             Esta lucha es de todos, no solo de los docentes, por eso los llamo a la reflexión y pido transitemos el mismo camino: DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y LA SOCIEDAD TODA.

Tenemos claro que es el Estado es quien debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades. Porque la educación encierra un deber: la formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad resolución pacifica de conflictos, la honestidad y la defensa del patrimonio natural y cultural de una nación.

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